SANTA CRUZ BARILLAS luce hoy militarizada. Centenares de soldados patrullan la población y otros intensifican los allanamientos en busca de los supuestos sediciosos que cometieron disturbios y penetraron en el destacamento donde agredieron a elementos castrenses y sustrajeron armas. El objetivo oficial es sentar un precedente y evitar que estos desmanes vuelvan a repetirse. Sin embargo, en ese discurso oficial hay una omisión muy grande: las manifestaciones fueron la forma como los campesinos repudiaron la muerte a balazos de Andrés Francisco Miguel, opuesto a la construcción de una hidroeléctrica en el lugar, y las heridas que sufrieron otros dos. No se ha escuchado que el presidente Otto Pérez Molina haya exigido la investigación de este crimen, pero sí ha gastado saliva para criminalizar las protestas populares y para defender los intereses de la compañía que impulsa la represa.