A primera vista, lo que existe en todo el lugar, es una estela de desorden,  de demasiado alboroto, y de mucho miedo que todavía permanece. Hay sillas tiradas, la leña para calentar la cena está regada por los matorrales, la ropa (ahora rota), hecha jirones, ha sido lanzada fuera de las casas. Es el rastro de que ha sucedido un nuevo allanamiento en una comunidad de Santa Cruz Barillas. Uno más, luego de que el presidente Otto Pérez Molina haya decretado el Estado de Sitio para este municipio de Huehuetenango el pasado 1 de mayo. Otro que se da luego de su visita improvisada el lunes 7 de mayo donde, acompañado del Ministro de Defensa,  Noé Anzueto,  felicitó a la tropa, “sus muchachos”, por haber contenido pacíficamente a los pobladores que irrumpieron violentamente en el destacamento militar, en “una situación tan difícil”, y en el que fueron agredidos y resultaron soldados lesionados. Felicitó a las fuerzas armadas del ejército y a la Policía Nacional Civil.

El conflicto estalló el 1 de mayo con un hecho del que no se ha hecho mayor investigación o, al menos, las autoridades no han revelado sus pesquisas: el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y dos personas más heridas. La muerte a balazos de Miguel, quien según los pobladores era uno de los opositores a la instalación de la hidroeléctrica, caldeó los ánimos de un grupo de pobladores que iniciaron la revuelta, en la que según Hidro Santa Cruz ha sido destruida maquinaria de la empresa.

En el rostro de María Juana Manuel, de 36 años, esta tarde no hay más que una mirada vacía mientras reordena su humilde vivienda en medio de la resignación. Está atareada con el desorden. Sus dos pequeños hijos la miran atemorizados desde un rincón. Lloran. 

 –Así como ustedes llegaron a alborotar al pueblo, al destacamento, así les toca ahora. No se quejen– recuerda que le decían los policías.

–¿Qué hicimos pues señores?

Y ellos se reían. Lo tiraban todo.

Más arriba, a tres casas en la ladera del cerro, Juana Pedro Ramón, de 75 años, viuda, está ahogada por el llanto. La tristeza la tiene sumida en una silla de madera y mira regado el maíz para  sus tortillas -todo tirado- a lo largo y ancho de su pequeña cocina.

Su nieto la consuela, pero no es suficiente. Unas señoras a su alrededor dicen que el ejército se llevó a su marido en los años ochenta. Ella lo recuerda todo. La situación la pone mal. Los policías y los soldados que recién entraron sin permiso a su casa, para ella llegaron como si hubieran salido directamente de un infierno que la ubica en el pasado. Se toca el pecho y no puede, no consigue, no logra que de sus labios salgan las palabras.

Con más de 50 órdenes de captura, los allanamientos en Santa Cruz Barillas contabilizan hasta ahora más de 30. Buscan, además de “personas delincuentes”, las armas sustraídas del destacamento militar que hoy, como indica  el subjefe del Estado Mayor de la Defensa, Manuel Augusto López Ambrosio, “sólo quedan por recuperar dos pistolas de agentes de la PNC”.

Mientras tanto siguen buscando.

En sí, buscar debería significar, como lo explica Raúl Aragón, jefe distrital de la PNC, primero, recibir la solicitud del Ministerio Público para efectuar aprehensiones. Crear en el lugar tres círculos. Uno perimetral conformado por las fuerzas del ejército. Uno de apoyo, más cercano al lugar del allanamiento, en que los agentes de la PNC son los protagonistas. Y un tercero, donde el fiscal, acompañado por dos agentes desarmados, revisa la vivienda.

No ocurrió así en Recreo A. Hay puertas pateadas, tapancos levantados, “entraron por todas partes y el Ministerio Público, que estaba allí, no hizo nada”, dicen las vecinas. No había organizaciones internacionales ni miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos acompañando esos allanamientos.

Los hombres, en estás comunidades aledañas al casco urbano de Santa Cruz Barillas, en las cercanías al terreno de la Hidroeléctrica de la compañía Hidro Santa Cruz, han tenido que huir, esconderse. Los policías y soldados, en breves entrevistas, dicen que únicamente encuentran niños y mujeres, también muchas casas abandonadas.  A nadie a quién aprehender.

Han capturado hasta el momento a 17 personas. Dos por temas de “trata de personas”. Las demás relacionadas a los disturbios del 1 de mayo y a las comunidades que se oponen a la construcción de una hidroeléctrica cerca de sus viviendas.

–Vamos a regresar en la noche. Nos los vamos a llevar presos a todos– escuchó Eularía Pedro Simón, de 24 años, cuando se alejaban por fin los policías.

–Vamos a quemarles las casas – amenazaba otro.

Los niños quedaron afectados. Unos recogen  sus juguetes también dispersos entre la tierra. Hay los que lloran junto a sus mamás. Otros, con la mirada vidriosa, observan desde la cima de una roca, el curso del río Cam Balam que corre metros más abajo, en las faldas de la montaña.

Las armas, los gritos, las patadas, la comida en el suelo… cosas que no se irán fácilmente. El pasado, el presente. Los ancianos, de pie, inexpresivos, frente a sus casas allanadas, parecen pequeños niños perdidos. Recuerdan.

Media hora después del allanamiento, Rosa Juana Lorenzo, de 30 años, con nueve meses de embarazo, no quiere quedarse a esperar una nueva visita de la policía y el ejército. Está decidida a marcharse. No importa a dónde, quizás a la montaña. Se llevaría a sus cuatro hijos. Tendría a su bebé en cualquier lugar menos aquí.

“Tengo mucho miedo”, dijo.

Al día siguiente, Rosa Juana Lorenzo y otras mujeres, cuando se hizo una nueva visita a la comunidad, se  habían abandonado sus viviendas. Se habían ido “a la montaña”.

 

 

 

Tomado en CC

del Periodico Plaza Publica de la Universidad Rafael Landivar en: